Ultraje
en Mazatlán
El día 10 de enero de 1877 la
goleta Montana, al mando de Charles
Anderson, zarpó de San Francisco, California, rumbo a Mazatlán y a los puertos
guatemaltecos de San José, Champerico y La Libertad. El buque transportaba una elevada cantidad de
mercancías diversas tales como municiones, pólvora, maquinaria, papelería,
zapatos, máquinas de coser, licores, papelería, etcétera. El valor total de las que iban destinadas al puerto sinaloense
ascendía a 15 886 dólares; las destinadas a los otros era de 5873. La carga dirigida
al puerto nacional había sido debidamente declarada ante el consulado de México
en la ciudad californiana; en tanto que
la que iría a Centroamérica siguió las normas de dicho país, y era propiedad de
Parrot & Co, C. Adolphe Low & Co, M. Bromberger, Carrera, Roma & Co
y Urruela & Urioste; todas ellas de la ciudad y condado de San Francisco.
También en ese mismo mes y año el buque de guerra estadounidense USS Lackawanna, al mando del capitán
William P. Mc Cune, se encontraba en los muelles sanfranciscanos.
Sin contratiempo alguno,
días después el Montana ancló en las
aguas mazatlecas, descargó la mercadería
destinada a esta ciudad, y enseguida se preparó para zarpar rumbo a Centroamérica.
Pero aquí se encontró con una muy desagradable sorpresa. El director de la
aduana local, identificado sólo como Mijoni,
ordenó al capitán descargara toda la mercancía a bordo de este navío ya que en
su concepto cuanto buque tocara Mazatlán estaba obligado a bajar aquí toda su
carga y pagar los aranceles correspondientes, aun de aquella que no estaba
destinada a este puerto. El capitán Anderson no podía creer lo que le estaba
ordenando la autoridad mexicana, pero se negó a bajar la carga que iba a dichos
puertos centroamericanos. Ante esto, el jefe aduanal mexicano ordenó el
aseguramiento del navío así como de toda la mercancía que se encontraba en él.
Anderson acudió de inmediato
al consulado de Estados Unidos en el puerto solicitando el auxilio de su titular, señor K. Eldridge,
pero nada hizo cambiar de parecer al director de la aduana quien recién había
llegado de la Ciudad de México y, a decir verdad, no era la legislación aduanal
una de sus especialidades. Quizá este funcionario no tuvo la menor idea de las
repercusiones que tendría la arbitrariedad que estaba cometiendo, y el asunto
siguió su curso. Muy pronto la prensa de San Francisco notició este acto, al
cual le otorgó el título de Ultraje en
Mazatlán.
El 15 de febrero ante lo
infructuoso de sus esfuerzos, el cónsul envió una carta a Schleiden & Scholl, compañía propietaria del navío detenido,
dándole cuenta de su intervención en el caso. Así mismo le solicitaba informara
este asunto a los propietarios de la carga decomisada.
Enterados de la detención
del Montana y de su mercancía
dirigida a Guatemala, el 8 de marzo los remitentes de ésta acudieron ante el
director de la aduana de San Francisco y le pidieron hiciera del conocimiento
del Procurador General y del Secretario de Estado este Ultraje en Mazatlán, para que tomaran el caso en sus manos. Pero en
Washington el asunto ya era del conocimiento de un senador de apellido Sargent,
quien fue directamente ante el este funcionario y tras informarle al respecto le
pidió interviniera no sólo él, sino que solicitara la intervención del
presidente, Rutherford B. Hayes.
La prensa de San Francisco
investigó acerca de Mijoni y anunció
que él había sido un seguidor de Maximiliano I y que había llegado a la aduana
de Mazatlán por orden directa de Porfirio Díaz. Este indio, así lo calificó este periódico, se creía un indio muy grande, y ejemplificaba su
actuar con el refrán put a beggar on horseback, de mensaje parecido
al mexicano no tiene la culpa el indio sino
quien lo hace compadre. Sin embargo, lo primordial de esta nota fue su
sentencia: “El resultado final será que
‘pobre México’ será forzado a pagar unas cinco veces lo que valen el buque y su
carga” Por una u otra causa, finalmente Mijoni
se desentendió del caso y en un principio lo puso en manos de sus superiores,
pero casi al mismo tiempo lo cedió al Juez de Distrito de la localidad.
El 21 de marzo de ese año el
Lackawanna, se encontraba en San
Francisco cargando vituallas cuando su capitán recibió un telegrama enviado
desde el Departamento de Marina, en Washington, D C, por el cual se le ordenaba
trasladarse a Mazatlán a investigar el caso del Montana. McCune no perdió el tiempo y en cuestión de días el buque
de guerra ancló en las aguas mazatlecas. Cierto fue que su capitán se abstuvo
de inquirir ante las autoridades locales sobre el caso, pero la sola presencia
del buque llevaba un claro mensaje.
El Juez de Distrito de
Mazatlán tomó el caso en sus manos el mes de marzo, y su primera resolución fue
que no podía dictar sentencia si la mercancía sobre la que giraba el asunto no
estaba en poder del jefe de la aduana. En efecto, si bien éste había ordenado
su decomiso, la carga aún se encontraba a bordo del Montana. Por ende el juez ordenó que la carga fuera bajada a tierra
y fuera puesta a disposición del funcionario aduanal. Una vez que esto sucedió,
el día 19 se llevó a cabo una audiencia a la que acudieron Anderson en compañía
de su abogado, de apellido Galán, así como Mijoni.
Ahí el juzgador emitió una resolución que no dejó satisfecho a ninguna de las
partes: el jefe de la aduana no tenía derecho alguno para retener la goleta Montana
y, por ende, se ordenó a éste que la dejara en libertad de partir cuanto
antes; sin embargo, la mercancía dirigida a Guatemala debería esperar una
posterior decisión. El navío zarpó ese mismo día rumbo a San Blas, Jalisco,
mientras que la carga quedaba a disposición del juez. Ante esto, el cónsul
Eldridge aconsejó a Anderson darla por perdida y esperar la resolución que
vendría desde la Ciudad de México, sí, pero con la presión que ya ejercía el
Departamento de Estado.
En efecto, los gobiernos de
Washington y de la Ciudad de México ya habían tomado el asunto en sus manos. Y
para el día 31 de marzo todos los oficiales de la aduana de Mazatlán fueron
removidos de su cargo, previamente se había enviado un oficio reprobando el
actuar de Mijoni.
Pero el Ultraje en Mazatlán no terminaba con el cese de los aduanales. Tal
como lo había anticipado la nota del periódico Alta California Daily, los dueños del navío, Schleiden
& Scholl, lo mismo que los remitentes de la carga exigían una
indemnización por el decomiso ilegal que les había impuesto la casa aduanal, y
para ello aún se encontraba en las aguas mazatlecas el Lackawanna. No se dio a conocer el monto de la indemnización que el
gobierno de Porfirio Díaz Morí se vio obligado a otorgar a las compañías perjudicadas
por este incidente.
